Hoy se cumple un nuevo aniversario del atentado que dejó 85 víctimas fatales y sucedió en la mutual judía en 1994. La investigación todavía no encuentra culpables.

En este marco, el juez federal Daniel Rafecas, quien tomó el caso como subrogante desde octubre pasado, renovó por cinco años el pedido a Interpol de publicación de las circulares rojas de captura internacional para los ciudadanos iraníes.

Por otro lado, Rafecas convocó a una reunión a las distintas partes de la causa y ordenó garantizar a las querellas de familiares el acceso a la documentación que se desclasificó sobre la investigación y que es digitalizada en la actualidad por la Unidad Fiscal a cargo de la pesquisa.

“Es una obligación del Estado asegurar a las querellas el ejercicio de sus garantías constitucionales” en pos del “derecho a la verdad”, consignó en esa resolución sobre los archivos que se guardan en la sede del Palacio Barolo bajo la órbita de la Unidad Fiscal AMIA.

Según la determinación, “teniendo en cuenta que el volumen, la magnitud y la complejidad de la prueba disponible ponen en crisis la normativa procesal aplicable para los casos estandarizados”, el magistrado consideró imperioso poder brindar la información a las familias de las víctimas.

Los familiares deberán tener acceso a un análisis de la relevancia de lo encontrado para las hipótesis de la investigación y además se pidió que se suministren para ello recursos humanos, tecnológicos y materiales.