Diputados de la oposición denunciaron a Alberto Fernández por amenazas y sedición

Como habían anticipado anoche, un grupo de legisladores de la oposición presentó una denuncia en la Justicia contra al presidente Alberto Fernández por sus dichos respecto de la seguridad del fiscal Diego Luciani.

Promediaba la entrevista que concedió este miércoles por la noche el presidente Alberto Fernández en el canal de noticias TN cuando se refirió a Alberto Nisman y su muerte y lo relacionó con el fiscal que lleva adelante la causa de Vialidad en la que se acusa a Cristina Fernández de Kirchner, Diego Luciani.

En ese momento, el Presidente señaló: “Hasta acá lo que le pasó a Nisman es que se suicidó, hasta acá no se probó otra cosa. Espero que no haga algo así el fiscal Luciani”.

Rápidamente, la oposición planteó que el fiscal no se suicidó sino fue asesinado y este mediodía presentaron una denuncia en los tribunales federales acusando al mandatario de los delitos de “amenaza y sedición”.

Según la presentación judicial, que lleva la firma del diputado del PRO, Waldo Wolf, y los legisladores de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferrari, Paula Oliveto, Juan Manuel López y Mariana Zuvic, las palabras de Fernández fueron “declaraciones temerarias y amenazantes del Presidente de la República, sobre el homicidio del Fiscal Nisman”.

Además, señalaron en el escrito que las mismas “tienen por objeto impedir la ejecución de las resoluciones de los funcionarios públicos como son los jueces que tienen que resolver sobre la causa ordinariamente conocida cómo “Obra Pública”, por la que está siendo acusada, entre otros, la ex Presidente de la Nación Cristina Kirchner. Esto por los efectos de esas declaraciones, que se encuentran en concordancia con la de otros funcionarios de su gobierno, las que se proyectan públicamente en la sociedad y en los magistrados a cargo de ese juicio oral”.

Los legisladores de Juntos por el Cambio entienden que la única forma de observar los dichos del Presidente en el programa “A dos Voces” no es otra que “una clara amenaza contra los fiscales para que no continúen con su tarea de acusación a fin de evitar que formulen cualquier otro impulso del expediente que tienen a su cargo. También representan amenazas contra los jueces a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 2, así cómo de cualquier otro funcionario judicial o del Ministerio Público interviniente en ese caso”.