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En esa línea, el Gobierno advirtió que “no permitirá la extorsión, la violencia, los escraches ni las amenazas de ningún sector”.
La detención se ordenó en el marco de la causa en la que la justicia de la provincia probó que Urribarri dispuso en forma ilegal de fondos públicos para financiar sus campañas electorales, a través de contratos de imprenta y publicidad.
Nacionales21/11/2024Berisso YaLa Cámara de Casación Penal de Entre Ríos detuvo al exgobernador Sergio Urribarri, en la causa por su condena en 2022 a ocho años de prisión e inhabilitado a perpetuidad para ejercer cargos públicos. Como la condena todavía no está firme, no comenzará a cumplir su pena. Lo dispuesto por la Casación provincial es una prisión preventiva.
La orden de detención del exgobernador fue dispuesta el martes por la mañana por la Cámara de Casación provincial y comunicada por la presidenta del tribunal, Marcela Davite, al jefe de la Policía de Entre Ríos, que una vez que lo capture deberá “alojarlo” en la Unidad Penal 1, de acuerdo con las instrucciones recibidas.
La detención se ordenó en el marco de la causa en la que la justicia de la provincia probó que Urribarri dispuso en forma ilegal de fondos públicos para financiar sus campañas electorales, a través de contratos de imprenta y publicidad.
El exgobernador -que durante el gobierno de Alberto Fernández fue embajador en Israel- fue condenado el 7 de abril de 2022 y esa sentencia fue confirmada por la Casación de Entre Ríos en 2023. Urribarri presentó un recurso extraordinario y tiene todavía la posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revierta su condena.
En la misma causa en la que está involucrado Urribarri, también fue removida de su cargo la fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche, que enfrentó un jury por mal desempeño. Goyeneche coordinó el equipo de investigadores que avanzó contra Urribarri, gobernador de Entre Ríos (2007-2015), aliado del kirchnerismo.
Ahora, Goyeneche apuesta a que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tiene su caso a estudio, la restituya en su cargo. En abril pasado, el máximo tribunal le pidió al Superior Tribunal de Entre Ríos que le envíe el expediente completo para analizar el planteo contra la destitución.
Cuando la Cámara de Casación de la provincia confirmó la condena de Urribarri afirmó que toda la prueba de la causa fue “legítimamente reunida” y que a los acusados se les garantizó el debido ejercicio de su defensa. Según la Casación, esta investigación tuvo pruebas de “un volumen y contenido incriminador pocas veces visto en este tipo de hechos”.
Los delitos por los que está condenado Urribarri son peculado y negociaciones incompatibles con el cargo. La sentencia confirmada fue dictada, por unanimidad, el 7 de abril de 2022.
En esa línea, el Gobierno advirtió que “no permitirá la extorsión, la violencia, los escraches ni las amenazas de ningún sector”.
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