Berisso Ya
La muerte de Érica Valdez, la policía hallada sin vida en un módulo de Berisso el último 9 de abril, sigue rodeada de interrogantes para su familia. La querella cuestiona los estudios realizados, apunta a presuntas irregularidades en el manejo de pruebas y volvió a reclamar que el fiscal Álvaro Garganta sea apartado de la investigación.
La causa por el presunto femicidio continúa bajo la lupa de sus familiares y de su abogado, Diego Ontiveros, quien representa como particular damnificado a Jonathan Emilio Valdez. A través de distintas presentaciones judiciales, la querella objetó medidas de la Fiscalía N° 11 y pidió revisar aspectos centrales del expediente. Los planteos fueron presentados ante el Juzgado de Garantías N° 5 de La Plata y la Fiscalía General departamental.
Uno de los principales cuestionamientos gira en torno a la reconstrucción de los movimientos de su expareja Ángel Leonel Pérez, imputado en la causa, y a la consistencia de las pruebas reunidas. La familia también puso en duda la pericia sobre el arma secuestrada y el análisis de una presunta carta encontrada en el lugar.
Según el reporte de tráfico telefónico incorporado al expediente y citado por la querella, el 9 de abril a las 18.52 el celular de Pérez registró actividad en una antena ubicada en calle 121 entre 66 y 67.
Catorce minutos después, a las 19.06, el dispositivo impactó en una antena de Avenida del Petróleo Argentino 1551, en Berisso, con un radio de cobertura de 200 metros. A las 19.08, volvió a registrar actividad en otra celda situada sobre la avenida Rolón, también en esa ciudad.
Para el abogado de la familia, esa secuencia permite sostener que el imputado se desplazó hacia las inmediaciones del módulo policial de 138 y 60 y contradice su versión de que se encontraba durmiendo en su casa. La interpretación de esos registros forma parte de los cuestionamientos planteados por la querella.
Además, Ontiveros objetó un oficio enviado por la UFI N° 11 a Movistar el 15 de octubre, firmado por el instructor Germán Di Pascuale. En esa solicitud, la fiscalía consultó si la conexión de un teléfono a una antena permite establecer su ubicación de manera “inequívoca” o si también puede conectarse a una celda más distante.
La querella calificó la consulta como “capciosa” y solicitó que se suspenda o se amplíe con preguntas específicas sobre los movimientos registrados en el caso.
Otro eje de la presentación apunta al análisis genético de la pistola Taurus secuestrada. De acuerdo con lo expuesto por la familia, una pericia realizada por organismos de la Suprema Corte de Justicia bonaerense detectó una cantidad prácticamente inexistente de material genético, consignada con un valor de 0,005, que no correspondía a Érica. También sostienen que no se encontraron huellas dactilares de la víctima en el arma.
A esas objeciones se suma la falta de una pericia balística que, según el abogado, todavía no se había realizado a más de seis meses del hecho. Ontiveros también cuestionó la hipótesis de suicidio al señalar que la autopsia estableció una trayectoria del disparo “de arriba hacia abajo”, que considera incompatible con esa posibilidad.
