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Defensa y fiscalía obtuvieron datos que, entienden, robustecen sus teorías del caso en litigio. La muerte del exoperario de YPF, en manos de un jurado popular.
Policiales23/05/2024Con la declaración de peritos, vecinos y un detenido se desarrolló en el fuero Penal de La Plata una nueva jornada del debate oral en la modalidad juicio por jurados por el crimen de un jubilado de YPF ocurrido en la noche del 2 de julio de 2016 en una vivienda de 11 entre 149 y 150 de Berisso.
En el banquillo de los acusados se encuentra César Emanuel Castaño, vecino de la víctima fatal Alberto Chamorro, procesado por "homicidio criminis causa", delito que tiene una pena en expectativa de prisión perpetua. La defensa está en manos de los letrados Julián Rimada y Martina Rafetto. La acusación es impulsada por la fiscal de juicio del departamento judicial de La Plata Helena De La Cruz.
Los primeros testigos en declarar fueron quienes confeccionaron el dictado de rostro en base a la información proporcionada por la hija de la víctima. Los peritos concluyeron que el identikit tiene semejanzas con el rostro del acusado y descartaron de plano que sea parecido a una persona señalada por la defensa como el verdadero autor material del homicidio.
Luego fue el turno de una vecina del barrio que pidió declarar sin la presencia del imputado en la sala de audiencias, pero el juez no hizo lugar al requerimiento por entender que no estaba fundado el motivo del temor alegado.
Viviana Ojeda señaló que conoce al acusado del barrio. También a la persona que la defensa señala como el homicida. "Es el padre de una de mis nietas, era pareja de mi hija", expresó la testigo quien confirmó que Castaño y su exyerno se pelearon pero no sabe por qué motivos.
Héctor Abel Toledo era vecino de la víctima. Fue testigo del procedimiento judicial y policial en la escena del crimen. Recordó que esa noche pudo hablar con la viuda, Nelly Rodríguez, pero "en ningún momento me dijo quién era (el asesino)".
Ese dato fue señalado por la defensa. En la jornada anterior la viuda declaró que reconoció inmediatamente al agresor y señaló a Castaño en la sala de audiencias. Pero, según la defensa, esa secuencia no fue tal, ya que recién aportó la identidad varios días después y luego de, al menos, dos declaraciones testimoniales. En una de ellas dijo que no estaba en condiciones de confeccionar un identikit.
El último en declarar fue el convicto Nicolás Damián Arévalo, quien conoce al acusado por haber compartido presidio. El testigo aseguró que mientras estuvo detenido con la persona a la que la defensa señala como el criminal éste le confesó que asesinó a una persona en Berisso. "Lo maté de una puñalada", fue la confesión.
Arévalo dijo que conoció a esa persona en el barrio La Autopista de Tolosa donde, según sus dichos, se fue a refugiar tras cometer el crimen. Tras dejar esa información volvió a sentir el frio de los grilletes en sus manos y fue devuelto a la Unidad 26 ubicada en la localidad de Lisandro Olmos, donde cumple su condena.
Se ventilará la prueba de dos hechos asaltos por el que también es juzgado. Durante el año que estuvo en libertad, Castaño fue acusado de cometer dos robos agravados por el uso de arma blanca. Según la acusación el primero de ellos ocurrió en un almacén de calle 152 entre 8 y 9. El segundo se registró en un kiosco de calle 151 entre 8 y 9. "Tres hechos distintos, con distintas víctimas, con una misma arma", asestó la fiscal en sus lineamientos acusatorios.
Luego agotar la etapa de prueba las partes desarrollarán sus alegatos. Tras los mismos el juez técnico impartirá las instrucciones al jurado popular conformado por 12 ciudadanos titulares y seis suplentes quienes se retirarán a deliberar.
Tras la deliberación se conocerá el veredicto: culpable o no culpable. En el primero de los casos deberán explicitar de qué delitos. Cabe mencionar que para lograr una condena de prisión perpetua debe existir unanimidad de criterio, es decir, 12 votos en el mismo sentido, caso contrario se aplicará una condena temporal por el delito votado en mayoría.
El próximo paso es una audiencia de cesura donde las partes evaluarán agravantes y atenuantes de la pena y solicitarán la pena. Generalmente la acusación pide un monto determinado de pena (entre la mitad de la escala penal y el máximo) mientras que la defensa va por el mínimo de la escala punitiva. El acusado lleva siete años en prisión preventiva. La defensa tendrá la posibilidad de recurrir en queja a instancias superiores si así lo considera.
En caso que el veredicto sea "no culpable" el expediente queda cerrado definitivamente y el Ministerio Público Fiscal no tendrá la posibilidad de ir con sus planteos ante el Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires.
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