Berisso Ya
En el medio del debate por el financiamiento universitario, el Gobierno de Javier Milei avanzó con su idea de auditar las universidades públicas. La controversia surgió porque no será a través de la Auditoría General de la Nación (AGN), como lo establece la Ley de Educación Superior.
En concreto, el actual Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, modificó una resolución para que se permita que las auditorías la realice la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que depende de Presidencia y no del Congreso como la AGN.
Entre las fundamentaciones, Barra informó que el sistema de control interno previsto está incluido en la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Pública Nacional N° 24.156 y de aplicación a las Universidades Nacionales “sin contradecir ni vulnerar la autonomía funcional y la autarquía administrativa-financiera que les reconoce la Constitucional Nacional, reglamentada a través de la Ley de Educación Superior 24.521”.
