Escándalo en PAMI Berisso: se habrían robado 325 millones de pesos durante la gestión kirchnerista

La Unidad de Gestión Local del Pami La Plata, que centraliza el control de las prestaciones de la obra social en una amplia región con cabecera en la Ciudad, radicó una denuncia penal por un presunto fraude en los servicios a través de sus clínicas de las ciudades de Berisso y Ensenada que alcanzaría una cifra del orden de los 325 millones de pesos.

Según informó Pami, la presentación que radicó el titular de la UGL La Plata, Rodrigo Vallejos ante la “UFI Pami” con sede en la capital federal, señala a las clínicas Médicos de Ensenada S.A. y el Instituto Médico Argentino de Berisso S.A, a los que se conoce como “La Comunidad” y “Lima”, respectivamente.

“Ambos efectores, presididos por Juan Manuel de Rosa, están bajo investigación por emitir órdenes médicas electrónicas (OME) fraudulentas en nombre de afiliados del PAMI que no las habían solicitado”, informó la mutual a través de un comunicado distribuido en la víspera.

En la misma línea, Vallejos, detalló que “ya hicimos la denuncia y estamos contactando a los afiliados afectados para informarles sobre los cambios”. Eso es, un nuevo lugar para atenderse: “Nuestra prioridad es seguir garantizándoles un servicio de calidad”, afirmó el funcionario y precisó luego que los 21 mil jubilados que recibían esos sanatorios ahora pasarán a capitar en dos centros de salud privados de La Plata: el Instituto Médico Platense (1 y 50) y el Instituto de Diagnóstico Médico (62 entre 2 y 3).

El funcionario consideró que se trata de “un cambio superador” para beneficiarios de Berisso y Ensenada. “Se optó por la cercanía, al no haber prestadores de la complejidad que se necesita”, indicó. La denuncia ante la fiscalía especializada en temas referidos a la obra social de la órbita pública nacional, derivó de una auditoría iniciada con la sospecha de uso de fichas de afiliados y de matrículas de médicos para presuntas maniobras que indicarían el pago por prestaciones que no se habrían hecho en base a órdenes que no habrían realizado los profesionales titulares de la matrícula que figura.

El fraude, según los términos de la denuncia, fue descubierto cuando un afiliado de PAMI fue rechazado con la explicación de que ya se había hecho un estudio. La investigación, indicó Pami, determinó que sus datos personales habían sido “robados y utilizados de manera indebida por personal de la clínica”. Ese esquema aparece multiplicado en la auditoría y dio un cálculo de prestaciones por 325 millones de pesos. Vallejos contó que a raíz de un primer caso “empezamos a encontrar muchísimos, de gente que no se había hecho estudios. Realizamos una auditoría y aparecieron también los de médicos a los que le estaban usando la matrícula. Tomaron conocimiento cuando vieron una receta que no habían hecho”.