En su resolución, Recondo sostuvo que el problema arrastra más de dos décadas de deficiencias en la infraestructura sanitaria de la región. La documentación presentada en la causa evidencia que la incapacidad para depurar los residuos cloacales se mantiene desde hace años, lo que reflejaría una omisión persistente del Estado provincial en la implementación de una política ambiental y sanitaria eficaz.
El Juzgado en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal Nº 4 de La Plata dispuso embargar a la Provincia de Buenos Aires por $157.164.287.201 para garantizar el inicio de obras destinadas al tratamiento y disposición final de los líquidos cloacales generados por la capital provincial, Berisso y Ensenada.
