En el año 2010, el Congreso de la Nación Argentina aprobó un proyecto de ley  que establecía una jubilación mínima equivalente al 82% del salario básico y nuevos esquemas de actualización y de movilidad de los haberes previsionales.

Era una gran noticia para la masa jubilatoria, que sin dudas se veía beneficiada por dicha disposición.

Sin embargo pocas horas después, la ex presidente de la nación vetó la ley aprobada por el Congreso con el argumento de que era una "ley de quiebra del Estado" y una "estafa a los jubilados".

Según los especialistas la ANSes tenía el dinero para pagar el 82% móvil, pero el gobierno nacional de este momento lo utilizaba para cubrir otros gastos.