La preocupación y el fantasma del desempleo se instaló en unas 120 familias que dependen de su trabajo en la Clínica Mosconi de Berisso, la cual se encuentra en una situación crítica y al borde del cierre. A eso se suma la situación de unos 21 abuelos que están allí internados y que deberían ser trasladados a otros centros de atención. Desde el sanatorio solicitan ayuda del Estado y denuncian estar solos para resolver el problema. 

Según explicó el abogado de la gestión a cargo de la Cooperativa, Daniel Mazzocchini, el pasado 30 de junio desde la obra social PAMI “notificaron la reasignación de las cápitas para el 1 de julio", motivo por el cual, se inició una acción de amparo ante la Justifica Federal y “como estaban sin acto administrativo sacaron una resolución rescindiendo el contrato” de esa obra social de los jubilados con la clínica. En la práctica significa la pérdida de la fuente de ingresos más importante.

El martes de esta semana al centro médico llegó una carta documento solicitando "que se preparen las historias clínicas de los 21 pacientes internados para efectuar el traslado", dijo el letrado y agregó: “Pero los abuelos no quieren irse de la clínica”. 

La pérdida de cápitas podría no solo conducir al cierre del centro de salud, sino que dejarían de cobrar su últimos haberes los 120 trabajadores que dependen del lugar. 

La situación que afecta a la clínica berissense es producto de "manejos irregulares y poco claros de la actual comisión que tomó el mando avasallando los derechos de los trabajadores, sostenido por actos políticos y sindicales", explicaron referentes de la CTA Autónoma junto al sector de ATE Berisso en una conferencia de prensa. 

La decisión de PAMI de rescindir el contrato responde a "incumplimientos contractuales y penalidades" y son "6.700 adultos los que quedarían sin acceso a la atención ambulatoria en la clínica", explicaron. Ante ese escenario, las demandas serían absorbidas por el Hospital Larraín, lo que saturaría "el sistema de salud público”. También manifestaron su temor de que otras obras sociales tomen la misma decisión. 

Además, los referentes marcaron que desde hace más de un año un grupo de trabajadores ya había alertado “el desorden institucional” y reclamaron: “Necesitamos que el INAES intervenga de manera inmediata a fin de garantizar los derechos de los accionistas, trabajadores, y las fuentes de trabajo”.

“Es un problema total y absoluto de la administración de la clínica, que deben hacerse cargo”, remarcó Mazzocchini, instando a la justicia para que se resuelva lo antes posible ya que, de no suceder esto, “probablemente la cooperativa tenga que dejar de funcionar”. El letrado además, planteó un trasfondo vinculado a la intención de que esto pase a ser una Sociedad Anónima, lo cual “es sumamente grave, a costa de poner en riesgo la salud integral de la salud de toda la región”.