Berisso Ya
El juez federal Sebastián Casanello dispuso, preventivamente, la inhibición de bienes de los investigados por presuntas irregularidades en la administración de planes sociales y comedores populares.
Se trata de una medida provisoria, adoptada a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, después de que la Cámara Federal ordenara que se realizaran los allanamientos de las últimas horas.
Por otra parte, la justicia también le dio intervención al Instituto Nacional del Asociativismo y Economía Social (Inaes) para que haga una auditoría sobre cooperativas en los últimos dos años. Es porque una de las hipótesis de la causa es que parte del dinero que se obtenía de las maniobras era canalizado en cooperativas.
“Ha podido comprobarse preliminarmente que, al amparo de la apariencia de una actividad solidaria como es la administración de un comedor popular, se montaron al menos tres (3) grupos de personas que, valiéndose de las facultades que les otorgara el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del Plan Potenciar Trabajo, se dedicaron sistemáticamente a exigir dinero a los beneficiarios de dicha prestación social —personas en situación de alta vulnerabilidad social—, bajo diversos conceptos —cápitas, cuotas, alquiler de comedor, etc.—, cobrarles por la entrega de alimentos —pese a que los recibían gratuitamente del Gobierno Nacional—, obligarlos a vender por la zona la comida recibida del Estado Nacional —quedándose los acusados con la ganancia— y/o forzarlos a participar de movilizaciones de las agrupaciones políticas a las que pertenecen —e incluso en algún caso repartir volantes de candidatos a comicios electorales—; todo ello bajo la expresa amenaza de que, en caso de no cumplir con esas exigencias, se les daría de baja de la prestación social y/o se les negarían los alimentos y la mercadería”, sostuvo el fiscal federal Gerardo Pollicita en su acusación.
