Fentanilo contaminado: denuncias de encubrimiento, irregularidades y complicidad

El caso del fentanilo adulterado, que ya suma 96 muertes y desató una de las crisis sanitarias más graves de las últimas décadas, volvió a escalar con denuncias que golpean tanto al laboratorio HLB Pharma como a los organismos de control. Una exanalista de microbiología rompió el silencio y describió un escenario marcado por la precariedad laboral, la falsificación de documentos y la complicidad entre el dueño, Ariel García Furfaro, y las autoridades fiscalizadoras.

Según su testimonio, en la planta se trabajaba en condiciones inhumanas: sin aire acondicionado en pleno verano, con operarios en ropa interior para soportar el calor y sin protocolos mínimos de higiene. “Los registros de limpieza y análisis microbiológicos directamente se inventaban. Se contrataba gente para llenar planillas falsas que nunca se correspondían con la realidad”, denunció en una entrevista radial.

La acusación más grave recae sobre la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat). La exempleada aseguró que el organismo avisaba con anticipación cuándo se harían las inspecciones, lo que permitía al laboratorio maquillar irregularidades y presentar documentación preparada especialmente. “Jamás entraron en serio a revisar lo que pasaba en la planta”, relató.

El testimonio confirma lo que muchos familiares de las víctimas sospechaban: la tragedia no fue un accidente, sino la consecuencia de la combinación de negligencia empresarial y complicidad política. La denunciante afirmó incluso que dentro de la empresa se sabía que el lote de fentanilo estaba contaminado, pero se decidió ocultarlo. En lugar de paralizar la producción o alertar a las autoridades, se optó por seguir adelante, poniendo en riesgo a pacientes en estado crítico.

El laboratorio, allanado en San Isidro por la Policía Federal, producía comprimidos e inyectables de alta complejidad sin contar con profesionales capacitados. “Había operarios que ni siquiera tenían secundario completo y eran los que manipulaban sustancias que requieren máximo cuidado”, agregó la exempleada.

Mientras tanto, la Justicia Federal localizó las 232 ampollas del lote adulterado, todas contaminadas con las mismas bacterias que provocaron cuadros fulminantes en terapia intensiva. Sin embargo, pese a la magnitud del desastre, la causa no tiene detenidos. El juez Ernesto Kreplak, a cargo de la investigación, es cuestionado por su lentitud, la falta de decisiones firmes y por sostener un expediente que parece orientado a dilatar responsabilidades más que a esclarecerlas. La sospecha de encubrimiento político se suma al dolor de las familias, que ven cómo la causa avanza a paso de tortuga.

El relato de la exempleada confirma que la tragedia no fue un error aislado, sino el resultado de irregularidades toleradas durante años. El laboratorio operó con impunidad, la Anmat incumplió su deber de control y la Justicia, lejos de actuar con rapidez, se muestra complaciente frente a un escándalo que expuso la vulnerabilidad del sistema sanitario.