
Los trabajos se realizan con fondos propios, en el marco de una política pública que busca mejorar la calidad del alumbrado público, reforzar la seguridad y promover un uso más eficiente de la energía.
El Juez en lo Contencioso Administrativo Francisco José Terrier hizo lugar a la medida cautelar solicitada por vecinos de Berisso.
Locales31/07/2020El Juez en lo Contencioso Administrativo Francisco José Terrier hizo lugar a la medida cautelar solicitada por vecinos de Berisso, “ordenando a la Municipalidad de Berisso -a partir de la notificación de la presente- la inmediata suspensión de las tareas de poda y/o tala del arbolado público en todo el partido de Berisso, tanto en la zona urbana como periurbana y rural, hasta tanto se garantice el cumplimiento de los recaudos previstos por la Ley 12.276 y su decreto reglamentario”.
Esta Ley exige que se elabore un Plan Regulador del Arbolado Públicoy el correspondiente inventario, y que ambos se encuentren aprobados por las instancias municipales con competencia.
El amparo ambiental contra la Municipalidad de Berisso, iniciado por Julieta Kolac y otros vecinos, con el patrocinio letrado de los Dres. Silvana Elisa Sosa y Hugo Cesar Represa, fue presentado a fin se requerir el cese del daño ambiental que está ejecutando el Municipio mediante la realización de actividades de tala del arbolado público, podas antirreglamentarias y consiguiente destrucción del patrimonio forestal de la ciudad de Berisso.
Asimismo, se pidió que se remedie el daño ocasionado al arbolado público mediante la implementación de un Plan Anual de Forestación y Reforestación y el cumplimiento de la Ley N° 12.276 y su Decreto Reglamentario N° 2386/03.
Ello como consecuencia de la mutilación y aniquilación de una cantidad inmensurable de ejemplares de flora autóctona y exótica dentro del ejido urbano, quitándoles la posibilidad de regeneración y reproducción, como se ilustró al juez con fotografías adjuntas de los árboles dañados, que hablan por sí solas del daño ocasionado.
Antes, con fecha 22/5/2020 se realizó la denuncia pertinente a la Municipalidad de Berisso, bajo expte. 2176/2020, sin que hasta la fecha se haya obtenido respuesta alguna a la misma.
La situación de desamparo y de falta de acceso a la información en que nos encontramos los vecinos de Berisso ante la indiferencia de las autoridades municipales, sumado a las limitaciones propias impuestas por el aislamiento social preventivo y obligatorio y la sospecha de que se está lucrando con la venta de la madera extraída de los ejemplares mutilados, nos llevó a interponer la acción de amparo ambiental.
Al momento de resolver el juez destacó en su sentencia que “la ley 12276 establece las normas sobre arbolado público de aplicación en todo el territorio provincial, entendiendo como tal “Ílas especies arbóreas y arbustivas instaladas en lugares del área urbana o rural, municipales y provinciales, sitas en el ejido del Municipio y que están destinadas al uso público, sin tener en cuenta quién y cuándo las hubieren implantado” y estableciendo la necesidad de que los gobiernos municipales presenten anualmente de un “Plan de Forestación o Reforestación” (arts. 1 y 2). Precisa el art. 2 del decreto reglamentario que las comunas “deberán entender en la conservación, mantenimiento, ampliación y mejoramiento del arbolado Público en sus respectivas jurisdicciones”.
El texto legal referido determina, además, que está prohibida la extracción, poda, tala y daños de ejemplares del arbolado público, como así también cualquier acción que pudiere infligir algún daño a los mismos, disponiendo los casos en que se justificará la solicitud de poda o erradicación de ejemplares del arbolado público“ .
Si bien no se pudo notificar formalmente a la Municipalidad, por la situación de pandemia que estamos sufriendo, damos a conocer la Resolución dictada por el Juez, ya que continúan en este momento las podas ilegales en el camino del petróleo y otras arterias de la ciudad, para que dejen de destruir el arbolado público, patrimonio de todos los berissenses.
Los trabajos se realizan con fondos propios, en el marco de una política pública que busca mejorar la calidad del alumbrado público, reforzar la seguridad y promover un uso más eficiente de la energía.
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