
La Libertad Avanza evalúa extender sesiones extraordinarias hasta febrero
El oficialismo busca sostener la agenda de Milei y aprovechar el recambio legislativo del 10 de diciembre.
Movimientos sociales se movilizaron reclamando un aumento del salario social y la sanción de leyes que beneficien a los sectores populares.
Nacionales14/02/2019
Berisso Ya
La jornada de protesta, que se desarrolló en todo el país, fue impulsada por el triunvirato piquetero integrado por Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), que hasta el año pasado mantenían buen diálogo con el Gobierno. Desde el Ministerio de Desarrollo Social criticaron la decisión, pero aseguraron que los grupos igual serán recibidos en las futuras rondas de negociaciones. Los principales puntos reclamados por las organizaciones piqueteras fueron: la aprobación de las leyes de emergencia alimentaria, agricultura familiar e infraestructura social, entre otras. Además exigen el presupuesto para la ley de urbanización de barrios populares. Y piden un aumento de los montos de los planes sociales para que sean iguales al salario mínimo, vital y móvil y la convocatoria a una reunión con la ministra Carolina Stanley .
En el Gobierno, en cambio, consideran que el foco de interés de las agrupaciones es aumentar la cantidad de planes y apuntan a la pérdida de poder que significó la eliminación de los intermediarios.
El colapso del centro porteño empezó cerca de las 9 de la mañana cuando las organizaciones empezaron a juntarse en San Juan y 9 de Julio, en la zona del Congreso, y en Córdoba y 9 de Julio. Los cortes de calles no solo afectaron la movilidad de los automovilistas. También el recorrido del metrobús se vio entorpecido por las columnas de manifestantes.
A las 11, ya todas las organizaciones estaban en Avenida de Mayo y 9 de Julio, a dos cuadras del Ministerio de Desarrollo Social, donde a las 12 empezó el acto. Tan solo una bandera venezolana y una imagen de la Virgen hacían de escenografía del escenario montado en la intersección de Avenida de Mayo y 9 de Julio, donde se congregaron los dirigentes piqueteros. Allí cerraron la jornada de protesta con discursos de cada uno de los referentes.
Todos los dirigentes intentaron contestar las declaraciones de la ministra Stanley en las que acusó a los movimientos sociales de tener una actitud "extorsiva" y vinculada a la política partidaria. "No vinimos a extorsionar a nadie, venimos a reclamar un aumento en las asignaciones", exclamó Edgardo Castro, referente de la CTEP. Por su parte, Daniel Menéndez, de Somos-Barrios de Pie, agregó: "El Gobierno reconoce que va a haber más pobreza, pero no nos convocan". Además del triunvirato piquetero, que aportó en número las mayores columnas, se movilizaron también el Frente Popular Darío Santillán y el Frente de Organizaciones en Lucha. También sectores sindicales apoyaron la jornada. En el acto estuvieron presentes Juan Carlos Schmid , de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, y Hugo Godoy, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado. Quienes aportaron una pequeña delegación fueron los bancarios, que forman parte de la Corriente Federal de Trabajadores.
La movilización contó con poco apoyo político. Estuvieron presentes tan solo algunos dirigentes de la órbita kirchnerista, como Juan Grabois y el diputado nacional por el Movimiento Evita Leonardo Grosso.
Como telón de fondo de esta movilización existe una disputa con la gestión de Cambiemos: desde 2015, la cartera de Stanley, mediante la eliminación de intermediarios, les restó poder a las organizaciones. Actualmente existen, entre el total de los beneficiarios de los planes Hacemos Futuro y Salario Social, 360.000 beneficiarios en todo el país. Las organizaciones que se movilizaron hoy concentran casi 60.000 de esas asignaciones. El resto se distribuye entre municipios, gobiernos provinciales, ONG y credos religiosos. También las elecciones unen a los convocantes. Todos bregan por un frente opositor a Mauricio Macri como el que propone Cristina Kirchner .

El oficialismo busca sostener la agenda de Milei y aprovechar el recambio legislativo del 10 de diciembre.

El presidente de la AFA atraviesa su peor momento: la Sur Finanzas, empresa vinculada a él, fue denunciada por la Dirección General Impositiva (DGI) por maniobras de lavado de dinero y evasión fiscal por más de 818.000 millones de pesos.

El documento en el que se ampara la AFA para sancionar al conjunto albirrojo es el Boletín N°6625, cuya fecha data del 12 de febrero del 2025, pero cuando se ingresa a los detalles del PDF se observa que fue creado el 23 de noviembre a las 19:21, en pleno encuentro entre el “Pincha” y Rosario Central.

El Tribunal Oral Federal 2 dispuso ejecutar el decomiso de 122 bienes atribuidos a Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez y otros condenados, actualizado a casi $685 mil millones.

El dirigente Cristian Jerónimo pidió diálogo tripartito y alertó que no permitirán avasallar derechos adquiridos.

La expresidenta volvió a sentarse en el banquillo de los acusados junto a otras 86 personas, todas apuntadas de integrar una asociación ilícita dedicadas al cobro y recibo de sobornos.

Azul Lamoglie asumió hace un mes al frente del Juzgado de Faltas N° 1 de Berisso.

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En las mismas, se realizarán testeos rápidos de VIH y sífilis, y hepatitis.

El oficialismo defendió que el 35% se compensa con los incentivos del 25% por pago en término y el 10% anual. La frase final dejó su sello: “No es un aumento para recaudar más: es responsabilidad fiscal.”

Aunque la causa continúa caratulada oficialmente como “suicidio”, su familia y el equipo de abogados mantienen desde entonces una postura firme: piden que el expediente se investigue como femicidio

Se llevará adelante los días sábado 13 y domingo 14 de diciembre, debido a cuestiones climáticas, ya que se anuncia lluvia para los días originalmente previstos.