El presidente del Ente Administrador del Astillero Río Santiago, Daniel Capdevila, denunció ayer por "administración fraudulenta agravada" a autoridades anteriores de la institución y a la Asociación de Trabajadores del Estado de Ensenada.

La denuncia de sustancia en un pormenorizado detalle de "actos administrativos irregulares" destinados a desviar importantes sumas de dinero "en favor de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y de contrataciones injustificadamente onerosas y gravosas".

En el inicio de la causa penal se solicita que "se proceda a la individualización de cada uno de los autores, coautores, participes necesarios, participes secundarios y/o encubridores" del presunto delito, que abordó este domingo un informe periodístico del programa televisivo de Jorge Lanata.

Según señala la denuncia, "las conductas acarrearon graves perjuicios económicos, algunos claramente evidenciados y otros que seguramente se irán descubriendo a lo largo de la instrucción".

En tal sentido, se detalla que "hay indicios de la existencia de otras irregularidades, tales como vehículos utilizados a nombre de otras personas; viviendas suntuosas no acordes a ingresos, aportes de campaña a partidos políticos -en el caso al FpV-, proveedores ligados a empleados, etc.".

Pero más allá de esta referencia, la denuncia de Capdevila, en primer lugar, se centró en acusar a ATE seccional Ensenada de haber percibido erogaciones en su favor "efectuadas sin respaldo legal alguno en el año 2015 y 2014" por parte del Astillero.

Para ello, cita un fallo del Tribunal de Cuentas en el que se detectaron "graves anomalías en relación con pagos efectuados a ese sindicato".

Según señala el texto, el total de las diferencias detectadas en su momento por el Tribunal de Cuentas, consta de 18.560.000 pesos para el año 2015 y, en el mismo sentido, se detallan unos 701.920 pesos en el año 2014.

Luego se denuncia a la gerencia del Astillero Río Santiago por la "ilegal omisión de retener porcentuales de sumas correspondiente al Impuesto a las Ganancias de trabajadores del Astillero" e "irregularidades en contrataciones en detrimento del patrimonio" de la institución.

Según se explica, estas contrataciones "tienen la misma impronta" de las demás irregularidades: es decir, "generar gravosos desembolsos del patrimonio del Astillero para favorecer a empresas contratistas, sospechosamente vinculadas con ATE o con algunos de sus principales directivos o referentes".

Allí aparecen observados los contratos por los servicios de comedor y el régimen de dispensados: mientras el comedor es pagado por la totalidad de los empleados usen o no ese servicio, en el caso de los dispensados se trata de una maniobra irregular que permite "simular una figura para abonar el sueldo a quien, en la práctica, se autorizó a no prestar tareas", se indicó.

Se detalla, al respecto, que ATE percibe 4.294.851 pesos por mes (que representan 51.538.219 pesos anuales) en concepto de comedor, los cuales son girados por el Astillero a ATE luego de ser descontados de los haberes de los 3.308 trabajadores activos y se estima que, efectivamente, utilizan el servicio de comedor unos 1.200 trabajadores, dato que podrá precisarse con el avance de la pesquisa.

Respecto a la dispensa (régimen por la cual se le permite al trabajador no asistir a prestar tareas mientras tramita su jubilación), en ese estado se encuentran 110 empleados del Astillero, generando un monto estimado de fondos desviados irregularmente de 100.000.000 pesos aproximadamente, según se acusa.

Por último, también se brinda detalles en la denuncia de Capdevilla sobre los contratos con las empresas Whitesea y Abadía del Mar, ambos con el mismo representante, y se sostiene que "son otro claro ejemplo de la administración infiel y dolosa".

"Estas empresas fueron acercadas al Astillero por ATE, tal como sus representantes han reconocido en forma reiterada", según se consigna y se entiende que "se trata de empresas absolutamente insolventes que, en base a sus íntimas relaciones con aquellas asociaciones gremiales, han obtenido la firma de contratos por 200.000.000 dólares".

Según el denunciante "ello sólo puede ser consecuencia de un plan premeditadamente destinado a crear una empresa naviera de la nada y con nada o, en el peor de los casos para ellos, de efectivizar incumplimientos por 20 millones dólares sin riesgo alguno".

(FUENTE: EL DIARIO DE LA PAMPA)