Cristina, Máximo y Florencia Kirchner a juicio oral por lavado de dinero en el Caso "Los Sauces"

Cristina Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia Kirchner irán a juicio oral acusados de ser parte de una asociación ilícita que se dedicó al lavado de dinero y a la recepción de dádivas. El juez Julián Ercolini dio por clausurada la investigación de la causa Los Sauces y elevó el expediente a juicio oral y público. El sorteo ya determinó que el Tribunal Oral Federal 5 conducirá las audiencias y dictará la sentencia.

La acusación sobre los dueños de la inmobiliaria que tuvo como principales inquilinos a Cristóbal López y Lázaro Báez -ambos presos-, es la de asociación ilícita “de carácter estable y permanente”, donde la ex presidenta está señalada como máxima responsable y su hijo como organizador. En la Justicia creen que usaron toda la operatoria como una pantalla para lavar plata proveniente de sobornos. Además, se les atribuye el delito de dádivas.

A juicio oral irán también López y Báez, ambos ya detenidos, Romina Mercado (hija de Alicia Kirchner), Osvaldo Sanfelice, Víctor Manzanares (ex contador de CFK) y los hijos de Báez, entre otros.

Para los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, durante la instrucción se corroboró la existencia de una maniobra por la cual "una porción de lo que era sustraído al Estado Nacional -a través de la obra pública vial, mediante el pago de dádivas en virtud de los beneficios y concesiones otorgadas, etc.- iba a parar a los ex presidentes y a su núcleo familiar".

Esto se concretó a través de un sistema "montado en base a la actividad inmobiliaria y hotelera que aquellos llevaban adelante a través de la empresa Los Sauces".

Esta maniobra es parte de una "gran matriz de corrupción" que tiene como delito precedente la defraudación al Estado a través del direccionamiento de la obra pública a favor de Báez. En esa otra causa, Cristina Kirchner está procesada y enviada a juicio por asociación ilícita.

La operatoria contó con un grupo estable de personas, según el escrito al que accedió Clarín, empezando por los dos principales inquilinos: Báez y López que garantizaron el 86% de la facturación de Los Sauces SA. En dinero, unos $ 26 millones que fueron “a parar al patrimonio de los Kirchner”, mientras ambos empresarios eran “contratistas del Estado”.

Además, los empresarios K “habían recibido beneficios impositivos ilegítimos, y por ello, recurrieron a distintos esquemas de lavado de activos para canalizar a través de aquellos decenas de millones de pesos que aumentaron significativamente su patrimonio”.

Ellos fueron los responsables, “junto a los ex presidentes”, de “desarrollar un mecanismo permanente para el reciclaje de una porción de las ganancias”, de modo que una parte “pudieran llegar a manos de los ex mandatarios con la apariencia de haber sido obtenidas en forma lícita, es decir, como parte del sistema económico legal”.

De este esquema participaron Máximo y Florencia Kirchner. Al diputado nacional se le bajó la calificación a “organizador” y no quedó como “jefe” de la asociación ilícita. Como presidente de la firma realizó en representación de las sociedades la adquisición de propiedades, la firma y cobro de cheques con los que se “canalizaban los fondos, la firma de contratos de locación, y todos los demás actos a los fines de configurar, ejecutar y sostener la asociación delictiva, beneficiándose a su vez con su producido”.

Por su lado, la hija de Cristina Kirchner, después del fallecimiento del ex presidente se incorporó a Los Sauces, y brindó “su aval y aprobación a la operatoria ilegal que venían desarrollando sus padres y su hermano a través de las sociedades y del patrimonio personal de su padre”.

También, como vicepresidenta de la inmobiliaria y empleada de la misma, se “ocupó de la adquisición de propiedades y retiró dinero que previamente habían sido aplicados a las actividades hotelera e inmobiliaria bajo los cuales la organización reciclaba los fondos ilícitos”.